Según la información policial, los investigados —de nacionalidad belga y holandesa— habrían estado activos desde 2023 mediante una plataforma digital, utilizando identidades falsas para comercializar armas y munición. En el caso de uno de ellos, con perfil militar en su país de origen, se le atribuye el conocimiento necesario para realizar las modificaciones.
La investigación arrancó en marzo de 2025, cuando se detectaron e interceptaron tres pistolas enviadas desde la provincia de Almería hacia destinos como Países Bajos, bajo nombres y datos simulados. Las armas intervenidas eran originalmente detonadoras o de señales, pero manipuladas para disparar.
Los agentes subrayan que este tipo de armas transformadas se consideran de alta peligrosidad, equiparables por letalidad a un arma de fuego, y su tenencia y comercio están prohibidos y perseguidos.
Registro en vivienda y material intervenido
En una fase posterior, se practicó el registro de una vivienda en el término municipal de Partaloa, donde se localizaron 16 armas de fuego, además de munición de distintos calibres, componentes, herramientas y maquinaria supuestamente destinada a la manipulación de armas y a la fabricación ilícita de munición. Sumadas a las tres detectadas al inicio, la operación se salda con 19 armas incautadas.
Coordinación europea y causa judicial
La actuación se enmarca en el Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) y, según se ha informado, ha permitido cortar un presunto canal de suministro ilegal con alcance europeo, abriendo además líneas de investigación en otros países.
La causa está dirigida por el juzgado competente en Huércal-Overa (Tribunal de Instancia nº 1) y ha contado con cooperación internacional con las policías de Bélgica, Francia, Italia y Alemania, además del apoyo de Europol.
